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En el Complejo Penitenciario de Santiago 1 alrededor de cuarenta profesionales de distintas disciplinas – sociólogos, psicólogos asistentes sociales, monitores de deportivos, profesoras de arte- se encuentran en una huelga que se prolonga por casi un mes la cual a pesar de su significación no es de interés de los grandes medios de prensa ni de la clase política.
Estos trabajadores conforman el “Servicio
de Reinserción Social” de ese centro de reclusión. Su labor no puede ser más
importante. Con cárceles sin una labor efectiva en éste ámbito estas se
transforman en centros de perfeccionamiento de la actividad delictual.
Cualquier política de seguridad que se despreocupe de la reinserción social
esta destinada al más estrepitoso de los fracasos.
Una labor de esta envergadura y
significación no puede ser sino propia del estado. Sin embargo aquí, al igual
que Santiago 1, se ha privatizado. La Licitación se adjudicó a la Concesionaria
Compass Group de capitales ingleses. Como toda empresa privada con un contrato
de concesión que hace cautivos a sus “clientes”
trata de maximizar las ganancias en
perjuicio evidente de la calidad del servicio y de las remuneraciones y
condiciones laborales de sus trabajadores. El resultado es lógico: la huelga.
Los dirigentes del movimiento
Viviana Chavez y Oscar Robles Werner le han enviado carta a la ministra de
Justicia Patricia Pérez sin recibir respuesta adecuada. El estado se desliga de una labor tan esencial como la reinserción.
Santiago 1 esta diseñado para
2568 internos pero alberga ya sobre 4.000 en este hacinamiento gigantesco
laboran los profesionales en huelga, en un contexto que de por si es necesariamente
difícil y complejo. Eso es vocación de servicio público y no ser presidente del
Senado para ganar más que el Rey de España.
Estas dificultades, paradojalmente,
se transforman en pingues utilidades para la empresa concesionaria, cada vez
que se exceden los 2568 internos recibe 100 UTM diarios, tal como lee, millones
de dólares extras todos los años. Esta
compensación establecida de modo tan gracioso por las autoridades estatales se
viene pagando desde 2008.
El sistema de concesión de cárcel
fue diseñado por el, a la sazón, ministro de Justicia José Antonio Gómez, reciente
precandidato presidencial.
Esta
huelga que en si misma refleja el fracaso de las políticas de seguridad pública
no ocupa espacio alguno en los medios de prensa del sistema ni en la agenda de
parlamentarios o autoridades gubernamentales que han hecho verbalmente de “la
lucha contra la delincuencia” su supuesto leiv motiv.
ROBERTO AVILA TOLEDO
ABOGADO
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