CORTE DE TALCA REABRE INVESTIGACION SOBRE DETENIDO DESAPARECIDO

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por los ministros Hernán González García, Vicente Fodich Castillo y Juan Carlos Alvarez ,  dejó sin efecto la resolución que ponía termino a la investigación sobre el destino del detenido desaparecido Ruperto Oriol Torres  sin responsables identificados y sancionados.

Por la familia de este chileno víctima de la dictadura militar encabezada por su hijo Gustavo Torres Castillo alegó en la Corte el abogado Roberto Avila Toledo. Compareció también La abogado del Ministerio del Interior Constanza Ugalde  que también se opuso al cierre del sumario.

La Corte aceptó las alegaciones de los comparecientes quienes insistieron en la realización de varias diligencias que consideraron relevantes, entre ellas interrogar a todos los carabineros de este Retén a Octubre de 2010.

Ruperto Oriol Torres un agricultor de la zona de conocida adhesión al gobierno del presidente Allende fué detenido por miliutares al día siguiente del golpe instigados por los alemanes de Colonia Dignidad, las acusaciones resultaron tan absurdas que luego de una semana fue dejado en libertad.

El 13 de Octubre de 1973  fue citado por carabineros y se presentó al retén de Catillo donde ya había cuatro ciudadanos más detenidos bajo acusaciones políticas. A su acompañante le devolvieron el caballo y las espuelas y nunca más se supo de el.

La actual investigación que parte a fines de 2010 se origina en la aparición de restos y vestimentas humanas, que todo indican podría pertenecer a este detenido-desaparecido en el Retén de Carabineros de Catillo. Hay varias declaraciones de trabajadores que confirman el hallazgo y ocultamiento de estas osamentas por parte del contratista de la obra Erwin  Ximenes Andia Pereira quien con posterioridad ha justificado ante testigos que su actitud se debió a evitar paralizar la obra lo que el significaría de acuerdo a contrato una multa de 180 mil pesos diarios más otras pérdidas anexas,. 

La tesis sostenida pòr el abogado Avila en la Corte fue que la causa se encuentra policialmente aclarada desde el informe de la Brigada de Derechos Huamnos de la Policía de Investigaciones entregado al tribunal en Noviembre de 2010 y que el derecho tiene instrumentos para poner fin a un evidente encubrimiento de la verdad.