La agenda mediática se encuentra copada por una gran ofensiva publicitaria que ha logrado instalar una percepción que no se corresponde en absoluto con la realidad; que en Chile campea el terrorismo. Si se leen los diarios chilenos pareciera que estamos en la situación del medio oriente.
Lamentablemente el gobierno, se deja arrastrar por este torbellino mediático que hiperboliza las cosas por motivaciones que escapan a un análisis jurídico como el que proponemos aquí.
La maniobra política del “orden público” y la seguridad, esta buscando imponer “soluciones” que realmente pueden causar mucho perjuicio a nuestra democracia y estado de derecho.
Se nos propone legalizar las acciones de los llamados agentes encubiertos. Esto es muy grave. Subyace en esta idea lo que en doctrina llamamos “el derecho penal del enemigo”, es decir que en la lucha contra cierto tipo de delitos que implicarían una agresión a toda la sociedad sus autores dejarían de ser personas y la persecución en contra de ellos no debería necesariamente respetar las garantías de un debido proceso penal.
En Chile el agente encubierto no es algo nuevo y la experiencia vivida no debe desperdiciarse. El año 1930, vivíamos la dictadura de Carlos Ibañez del Campo. El jefe de la Policía de Investigaciones Ventura Maturana Barahona, de consolidada trayectoria en materia de represión política infiltró a un funcionario de Investigaciones que estaba a punto de ser dado de baja por cuestiones de corrupción y disciplina en un grupo de opositores, bajo promesa de reevaluar su expulsión. Los disidentes estaban básicamente dedicados a imprimir proclamas en contra del “tirano” (uno de ellos el sr Olavarrìa sería jefe de campaña de Ibáñez en las presidenciales del 52, así es la política chilena). El soplonaje del agente encubierto se hizo entonces poco relevante.
Apremiado por su situación y la magra cosecha informativa el agente resolvió el problema incitando y proveyendo los medios para un atentado dinamitero en el puente Maipo en contra del tren presidencial, el que; como no, fue oportunamente informado y desarticulado. Se produjeron decenas de detenciones seguidas de salvajes torturas incluida la aplicación de electricidad. Ventura Maturana fue felicitado por el dictador, el gobierno denunció con caracteres de escándalo el complot y el agente siguió con su placa y revolver.
El agente había mutado de agente encubierto a agente provocador.
Esta en la naturaleza de los chilenos ponerle un poquito de color a las cosas que hacemos, de eso no esta libre ningún agente encubierto.
No es el único riesgo. Nuestra legislación resguarda la privacidad de las personas. Esta será con los agentes encubiertos letra muerta en los textos legales. Se sabe poco que miles de teléfonos se encuentran intervenidos a petición del Ministerio Público, los jueces bajo el temor de ser acusados de no proveer los medios en la lucha contra la delincuencia otorgan generosamente las autorizaciones, igual cosa ocurrirá con los agentes encubiertos.
El derecho constitucional a la intimidad no puede quedar condicionado a al simple apetecer investigativo de un fiscal.
No toda la información que se recabe tendrá relevancia legal, mucha de ella dirá relación con la intimidad de las personas, la política o las demandas sociales. Chile tiene experiencia en estas cosas, opositores relevantes fueron represaliados con el silenciamiento o el exilio por conductas no ilegales como homosexualidad o infidelidades conyugales.
Resistirán las autoridades de turno la tentación de informarse de lo que piensan en la intimidad sus subordinados o sus propios correligionarios?. Todos sabemos como algunos han hecho carrera llevando chismes a La Moneda, en todo tiempo y en todos los gobiernos.
Lo peor, se instalará la sicosis de los agentes encubiertos, la actividad social y política se inhibirá bajo la espada de Damocles del soplón con patente estatal. Todos sabemos que esta amenaza latente de ser delatado (“están todos claramente identificados”) es propia de gobiernos totalitarios no de una democracia.
El tiempo no me sobra, pero de consolidarse legislativamente esta nefasta idea propondrá a mis colegas recurrir al Tribunal Constitucional.
ROBERTO AVILA TOLEDO
PRESIDENTE
ASOCIACION CHILENA DE ABOGADOS LITIGANTES
