Se ha iniciado en Chile el proceso de extradición del ex juez argentino Otilio Romano acusado en su país de haber denegado justicia en 103 casos de detenidos desaparecidos.
La comprensiva justicia chilena lo tiene sometido a arresto domiciliario, en Argentina estaría en una cárcel común como están los delincuentes por el encubiertos.
El juez prevaricador busco refugio en Chile en el cual solicitó asilo político. En sus pretensiones de impunidad el ex magistrado no estaba mal endilgado. En efecto, aquí no se ha sometido a proceso a ningún juez por denegación de justicia a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, a pesar de la manifiesta colaboración con la dictadura de Pinochet y sus crímenes.
Existe además un política gubernamental ambivalente en materia de DDHH, se dice protegerlos, pero el Consejo de Defensa del Estado se ha negado a hacerse parte al igual que el gobierno en la causa por la muerte del Presidente Salvador Allende, de su parte el ministro de defensa Andres Allamand corrobora la increíble versión de la fuerza aérea que dice no saber quienes de sus pilotos bombarderaon La Moneda. En el evidente crimen del presidente Eduardo Frei Montalva el gobierno se querella pero sacan de la investigación a los policías especializados que podían llegar a la verdad completa y acreditarla y ponen otros sin experiencia en estos temas.
Argentina ha desplegado una verdadera política de persecución penal a los crimenes cometidos por su dictadura militar. No sólo se ha perseguido a los autores inmediatos sino también a quienes actuaron en el ambito de las complicidades como son algunos jueces.
La nefasta doctrina del ex presidente Aylwin, el mismo comprometido en el golpe militar, de la justica en la “medida de lo posible” sumada a un parlamento que sólo una vez ha ejercido sus facultades destituyendo a un ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo han dejado a los jueces de tiempos de la dictadura en la más completa impunidad.
Peor aún, el actual presidente de la Corte Suprema fue participante activo de los ilegales “consejos de guerra”, mando a la cárcel a ciudadanos inocentes.
Cabe pregunatrse si en Alemania o en Italia un juez del régimen nazi o fascista podría ser parte de la judicatura de esos países. Si esta interrogante la formularamos en Europa pensarían que estamos divagando sobre la blancura de la nieve.
Los jueces no podían ignorar los crímenes que se estaban cometiendo. Cuando ellos mismos dictaban sentencias abusivas a partir de procesos fraudulentos y leyes ilegitimas dictadas por usurpadores se hicieron partes de ellos en calidad de autores.
Decir que en esas condiciones no se podía hacer otra cosa, no es sino dejar al descubiertio una condición humana miserable en grado extremo. Si una persona , un juez, es capaz de sumarse a los abusos por mantener un ingreso mensual, eso es claramente un mercenarismno judicial al servicio del crimen. Personas así no pueden ser las encargadas de administrar justicia, se trata de sujetos que claramente tienen precio.
Hay que emprender la tarea de llevara juicio a los jueces que con sentencias prevaricadoras permitieron la violación a los DDHH.
ROBERTO AVILA TOLEDO
ABOGADO
