miércoles, 4 de abril de 2018

MINISTRO ÁLVARO MESA DICTA ACUSACIÓN CONTRA CORONEL DE EJÉRCITO (R) CRISTIÁN LABBÉ



El ministro en visita de causas de derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, acusó al coronel de Ejército en retiro Cristián Labbé Galilea, como autor del delito de aplicación de tormentos de Harry Edwards Cohen Vera. Ilícito perpetrado en noviembre de 1973 en la ciudad de Panguipulli, región de Los Ríos.
En la investigación (Rol 5-2013), el ministro Mesa determinó que:

A.- En los meses de octubre a noviembre de 1973 el ejército en campaña comandado por el General de Brigada Nilo Floody Buxton, se tomó el control de la ciudad de Panguipulli, realizando un intenso operativo militar el cual fue calificado por la prensa de la época como la llamada "operación peineta", la que se realizó en la zona cordillerana comprendida entre Concepción y Valdivia, y cuyo objetivo era la captura de personas opositoras al régimen militar. 

B.- Que en este mismo sentido, la llamada "operación peineta" fue plasmada por diferentes medios de prensa de la época, entre ellos, un reportaje realizado por el aquel entonces  periodista Eduardo Hunter, quien en su labor de corresponsal de la revista VEA se unió al contingente militar y vestido con ropa de camuflaje se encargó de precisar en su reportaje "viaje al frente" no solamente los lugares que vía aérea  eran rastreados por  militares, sino que además tanto la oficialidad al mando de aquellos, entre ellos un teniente de nombre Cristian Labbé Galilea; como las detenciones e interrogatorios a los cuales eran sometidos los "miristas arrepentidos", como en aquel reportaje se les llamaba a las personas opositores al régimen, los cuales eran principalmente campesinos del sector.  

C.- Que así también y como consecuencia de dichos operativos, en la localidad de Panguipulli, al mando del referido general y de otros oficiales de los Regimientos Maturana, Cazadores y Membrillar de Valdivia, entre otros, se apostó un fuerte contingente militar a cargo de comandar la reserva estratégica de la unidad. Que para estos efectos, el lugar destinado fue una escuela de la ciudad; la cual además se utilizó como centro de detención para las diferentes personas que se encontraban en calidad de detenidos políticos de los diferentes lugares de la zona. 

D.- Que Harry Edwards Cohen Vera, de 26 años, estudiante de 2° año de la carrera "Electrónica" del Instituto Profesional Nuevo Mundo de la ciudad de Santiago, el 06 de noviembre de 1973 viajó a la localidad de Futrono a visitar a unos familiares a quienes esporádicamente ayudada en la compra y venta del negocio familiar.

E.- Que al día siguiente, esto es el día 07 del mes y año referido y encontrándose ya en la casa de sus familiares, irrumpió en aquel domicilio un grupo indeterminado de militares "boinas negras" los cuales procedieron a allanar el lugar y a detener a don Harry Cohen Vera conjuntamente con don Jaime Rozas González, los cuales fueron inmediatamente trasladados hasta el retén de Carabineros de Futrono, lugar donde permanecieron aquella noche para posteriormente ser conducidos por personal militar, hasta un helicóptero que se encontraba posado en la plaza de la ciudad, momento en que se pudo percatar además de la presencia de otras personas en calidad de detenidas.

F.- Que tras arribar al mencionado helicóptero, el cual era comandado por personal militar, emprendieron vuelo a  una zona a la que posteriormente se enteraron correspondía a la de Panguipulli. Que en el vuelo, se les amenazó con lanzarlos al lago Riñihue pero posteriormente aterrizaron un lugar al que reconocen como una escuela ubicada en la ciudad de Panguipulli; lugar donde él junto a otras 3 detenidos fueron interrogados por quien resultó ser aquel periodista de la revista Vea, el cual les consultó, entre otras, por las actividades de un conocido revolucionario de la zona. Que en este mismo sentido, el aludido reportaje inserto en autos a fs. 196, hace precisamente referencia al rastreo realizado en la zona de Futrono destacando la presencia de 4 detenidos y mencionando como uno de ellos el nombre de Juan Rosales, mientras que a un tercero como a "un individuo joven y flaco… el cual manifiesta que se encontraba de visita en la casa de una tía" (descripción física de la época de don Harry Cohen Vera).

G.- Que respecto a este punto cabe precisar además que don Juan Horacio Rosales Quintana, reconoce precisamente haber estado detenido con la víctima de autos en el año 1973 "cuando ambos coincidieron detenidos por militares en la ciudad de Panguipulli. Que fue embarcado en un helicóptero, percatándose que además de Jaime Rozas, también se encontraban otros detenidos, don Bernardo Santibáñez y otra persona que después conoció como Harry". Asimismo, Bernardo Santibáñez Álvarez observa a Jaime Rozas González, Juan Rosas y a Harry Cohen Vera en el mismo instante en que estos son subidos al mencionado helicóptero posado en la ciudad de Futrono con destino a Panguipulli y posteriormente en el lugar de detención de ciudad. Que finalmente Jaime Rozas González, quien como se dijo fue detenido con la  víctima de autos en la ciudad de Futrono, manifiesta haber conocido a Juan Rosales y  a Bernardo Santibañez en la ciudad de Panguipulli cuando todos estuvieron detenidos.  

H.- Que consecuencialmente, don Harry Cohen Vera al ingresar a aquel recinto que albergaba prisioneros políticos en la ciudad de Panguipulli, pudo observar la presencia de otros detenidos de carácter político con quienes fue encarcelado en una habitación y custodiados por un efectivo militar armado. Que en estas condiciones y transcurridos 2 días, escuchó el ruido de helicópteros que despegaban y aterrizaban en la ciudad, cuando en un momento determinado se percata que la puerta de la habitación es abierta con violencia divisando en ese momento un "enorme militar", teniente de la época de nombre Cristian Labbé Galilea, fuertemente armado y con ropa de camuflaje quien bajo improperios le ordena que bajara su vista, al mismo instante en que lo amenaza, con una arma blanca (corvo), que le cortaría el cuello. Que en forma posterior y por el carcelero del lugar se entera de la identidad de este oficial, quien le señala el apellido y le manifiesta que "era hijo de un connotado militar".

I.- Que transcurridos dos días del episodio descrito precedentemente, la víctima fue retirado de su celda con los ojos vendados y con un saco a modo de capucha sobre la cabeza, amarrado de pies y manos, siendo transportado en un camión hacia un lugar que aparentemente pudiera corresponder a una bodega. Que en estas circunstancias fue colgado con las manos atadas a la espalda, permitiéndole apoyarse sólo con la punta de sus dedos al suelo. Que en ese momento es interrogado por 3 militares, respecto de los cuales pudo identificar la voz de aquel oficial corpulento descrito en el punto precedente, quien en forma burlesca realizaba reiterados alcances a su origen semita. Que en dicho interrogatorio conectaron electrodos en su tobillo y muñecas, los cuales en forma sistemática producían descargas eléctricas cada vez más intensas, al mismo tiempo en que era interrogado.

J.- Que dichos apremios se prolongaron en diferentes episodios, para posteriormente y al cabo de unos días ser dejado en libertad", dice la resolución.

El abogado querellante Roberto Ávila Toledo, quien representa a la víctima señaló que adherirán a la acusación deducida por el ministro y que solicitaran una pena de cinco años y un día en contra del ex coronel Labbé.  

domingo, 25 de marzo de 2018

LAS RAZONES DE CHILE EN EL DIFERENDO CON BOLIVIA

Desde hace mucho tiempo la cancillería chilena ha optado por responder a los requerimientos de una salida al mar formulados por Bolivia señalando simplemente y como único argumento, que existe el  tratado de 1904 que está vigente. La cancillería tiene razón, lo pactado obliga a las personas con sentido del honor, pero esta postura no da cuenta de la dimensión política del conflicto.

Un elemento básico de toda estrategia judicial, es ganarse la simpatía del tribunal y de quienes escuchan. Es lo que Aristóteles llamaba el “exordio”. Eso lo sabe cualquier abogado que litiga ante  tribunales, quizás no sea lo fundamental pero es importante.

Cuando un país pobre, derrotado en una guerra, con una población mayoritariamente indígena y atrasada,  con un gobierno que ha adoptado medidas patrióticas en favor de la mayoría de sus habitantes  expone ser víctima de un despojo por un país que es más fuerte, en todos los ámbitos en que se pueda establecer la comparación, eso le  genera auditorio favorable.

Nuestra cancillería  acepta por la vía del silencio que el derecho de Chile a su frontera norte deviene exclusivamente del tratado de 1904, luego del triunfo de las armas. La situación es más compleja y más favorable a Chile, la victoria militar no hizo sino consolidar lo que en derecho y en justicia nos pertenecía y que otros de manera contumaz y sin cálculo de riesgo, se negaban a reconocer.  

El estado de la opinión pública, en este caso internacional, es significativo. Aunque nuestra cancillería lo niegue.

Con sobre abundancia de argumentos históricos y jurídicos podemos afirmar que Bolivia no tiene ningún derecho que reclamar y que su teoría de los derechos “espectaticios” es un metal de madera insostenible.

MITOS IMPORTANTES

En la historia de este conflicto se han inventado mitos importantes que es necesario aclarar.

1.- El mito del rico avaro y prepotente contra el pobre humano y solidario.
Hay quienes analizan la guerra del pacífico y el tratado de 1904 (solicitado y suscrito por Bolivia con importantes clausulas en su favor) con la óptica del presente y de manera tergiversada.

Se razona a partir de un supuesto falso. Que Chile habría sido  un país oligárquico, rico y poderoso que actúa por la vía de las armas en contra de países pobres que construyen su futuro a partir de nobles principios como la solidaridad y la justicia social. Esto no fue así.

Los tres países tenían oligarquías excluyentes y autoritarias. En el Perú su héroe nacional fue el general Andrés Avelino Cáceres que luego de la caída de Lima desata la lucha guerrillera en lo que lo chilenos llamamos campaña de la Sierra y los peruano de La Breña creó su estado mayor y sus bases de apoyo con la población indígena. Cuando el ejército chileno abandonó Perú y Cáceres buscó el apoyo de la oligarquía, brindó como prueba de lealtad, el fusilamiento de todos los indígenas que habían sido su estado mayor en la lucha de resistencia a Chile.

En Bolivia el general Hilarión Daza se había hecho del poder mediante un golpe de estado. 

Su guardia pretoriana era el regimiento “Colorados” que cometía todo tipo de abusos sobre la población civil, que término siendo pulverizado en la batalla de Tacna y que luego sería disuelto por el Estado boliviano por volver a sus tropelías.

Daza mantuvo contacto permanente con el gobierno y los empresarios chilenos. La vergonzosa desbandada, sin tirar un tiro, de su ejército en Camarones tiene una de las siguientes explicaciones. El propio Daza no quiso combatir, siendo un tipo valiente, eso sólo puede explicarse por una negociación en curso o bien su estado mayor le saboteo bajo orientación de los empresarios mineros bolivianos que estaban en contacto con sus pares chilenos. Daza, años después sería asesinado en un atentado perpetrado por la oligarquía boliviana.

Durante todo el siglo XX Bolivia dispuso de la gigantesca riqueza del estaño y no salió de su pobreza como país  por la actitud de la oligarquía boliviana, la cual sólo ha tenido breves interrupciones con Hernán Siles Suazo y ahora con Evo Morales. Los indígenas no existieron para Bolivia y eso habría sido así cualquiera fuera el resultado de la guerra.

2.- El mito de un Pinochet generoso.

El 8 de Febrero de 1975 se firmó el acuerdo de Charaña por el cual Chile concedía un corredor al norte de Arica a cambio de un territorio de iguales dimensiones en otra parte de la frontera. Esto no prosperó, pues Bolivia no aceptó en definitiva  el acuerdo, pues querían una cesión gratuita de territorio chileno sin compensaciones. A mayor abundamiento Perú propuso una solución impracticable.

Pinochet no era un bolivariano ni aceptaba los febles argumentos históricos bolivianos, sino que estaba presionado por las circunstancias, tenía un fusil en el pecho. El gobierno de Juan Velasco Alvarado había armado al ejército peruano con abundantes suministros soviéticos con el indudable propósito de agredir a Chile. Pinochet se propuso un ataque preventivo ante la agresión inminente (se llegaron a ejecutar a  dos agentes militares peruanos en Santiago). Henry Kissinger secretario del departamento de Estado de EEUU, con quien se reunió en Santiago, le desaprobó la idea y le sugirió un acuerdo con Bolivia que dejara a Chile sin fronteras con Perú. En tal caso EEUU consideraría agresor al que atacara primero y actuaría en consecuencia.

El ofrecimiento de Pinochet es un acto dictado por la necesidad no por la convicción. El aislamiento internacional, la división interna y la pobreza a que nos tenía expuesto a la dictadura pinochetista nos llevó a la ignominia de la debilidad extrema de nuestra política internacional. Pero, esos tiempos ya pasaron.

3.- La acción de poderes imperiales en favor de Chile.

Es un mito fácil de rebatir el de la supuesta acción en favor de Chile de las grandes potencias imperiales.

Estados Unidos actuó siempre en favor de Perú, antes durante y después de la guerra. Ya tomado el morro de Arica obligó a Chile a sentarse a negociar con Perú y Bolivia en uno de sus barco de guerra surto en la rada de ese puerto. La intervención  del general John J. Pershing en favor de Perú durante la negociación del tratado de 1927 es manifiesta. EEUU tuvo una política pública y vehemente en favor de Perú especialmente  previo a la toma de Lima.

Inglaterra no tiene ninguna intervención en la guerra, no se recibieron apoyos políticos ni militares de dicho país. No son los capitales ingleses los que no llevan a la guerra sino los intereses del país, de sus empresarios mineros y de sus obreros mineros que trabajan en esas empresas.

Argentina tuvo varios oficiales en el estado mayor peruano, en la toma de Lima, que no eran observadores sino personal operativo. Roque Sáenz Peña, que luego de sus conmovedoras suplicas salva su vida en la toma de Arica, sería luego presidente de Argentina.

Francia destinó una escuadra al Perú al momento de la toma de Lima al mando del contralmirante v Abel Bergasse du Petit Thouars. Bajo pretexto de eventuales abusos sobre sus connacionales intercedió en favor de los peruanos ante el general Baquedano en múltiples ocasiones.   

Sólo el káiser alemán dio algunas opiniones en favor de Chile durante la guerra , pero que no pasaron de eso declaraciones a la distancia.

Pretender hacer aparecer a Chile como un testaferro de los ingleses es una falsedad. Chile era un país oligárquico y capitalista, al igual que sus rivales, y actuó como tal, pero no actuó como un bobo, por decenios el salitre financió el presupuesto nacional. En 1971 el presidente Salvador Allende nacionalizó el cobre con el mismo patriotismo de los subieron a la carrera el morro de Arica.

Chile ganó la guerra porque:

1.- Había creado una institucionalidad política seria y consistente, en los tres decenios conservadores (Prieto/Bulnes/Montt), que le permitió hacer elecciones presidenciales en plena guerra, mientras sus rivales se debatían entre golpes de estado. El gran almirante Grau debía hacer gestiones para que a los marineros del Huáscar les pagaran sueldos atrasados. Don Rafael Sotomayor  ministro de defensa en campaña   creó una logística formidable. Cuando el general Erasmo Escala entró en conflicto con el ministro, este último fue confirmado y el primero fue reemplazado por Baquedano (subordinación del poder militar al poder civil).  

2.- Nuestro país defendió principios  e intereses que eran de toda la nación: de empresarios mineros y de obreros mineros. 3.- El patriotismo y convicción de su clase política (desde santa María a  Vicuña Mackenna), sus fuerzas militares y espirituales y de los obreros y campesinos. Chile no tuvo presidentes que huyeran luego de haber recaudado fondos para la defensa o que dejaran perecer a unidades militares porque las suponían afines a sus rivales políticos como Piérola que abandonó a Campero en el Campo de la Alianza, a Bolognesi en Arica y a Leiva en Arequipa.

NUNCA TUVIERON MAR NI BUQUES

Bolivia sostiene que nació la vida independiente con mar. Eso no tiene respaldo histórico alguno. En su constitución de 1825 1826 artículo 3 señaló claramente Artículo 3.- El territorio de la República Boliviana comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Ninguno de esos departamentos tenía salida al mar, ni edificios públicos o poblamientos en el litoral del pacífico.

A mayor abundamiento una declaración unilateral de dominio en favor propio no constituye derecho alguno.

Bolivia nunca ha tenido buques mercantes o de guerra, no había buques bolivianos en la guerra del pacífico,  eso es absolutamente contradictorio con el alegato de condición marítima desde su nacimiento. Hay incluso propaganda de la cancillería boliviana en Youtube que habla de una condición marítima milenaria, pero nunca ha existido un buque de su bandera navegando por sus supuestas costas.

Sin perjuicio de lo anterior hay que señalar que una declaración unilateral de un país, como lo es una constitución política,  nunca constituye un derecho a favor propio en términos de límites sino es aceptado por sus vecinos.

Bolivia nace teniendo como primer jefe de gobierno a Simón Bolívar fue en realidad una escisión de Perú.

Sucre que es el segundo gobernante maniobra políticamente en busca que Perú le entregue a Bolivia los puertos de Arica o Tacna que son sus salidas naturales al Pacífico. Le pidió a Simón Bolívar esta salida y este mando al embajador peruano Ortiz de Ceballos que incluso firmo un tratado con Bolivia en Sucre (1826) concediendo esos puertos, pero en el interín Bolívar volvió a Caracas y  Andres de Santa Cruz que había quedado como  subrogante en el Perú se negó a ratificar el tratado para no tener problemas en Lima por su origen boliviano. 

Ninguna de esas gestiones, de las cuales hay múltiples registros históricos son comprensibles si Bolivia era naturalmente  un país de condición  marítima como se alega.

Chile nació con tres provincias Santiago, Concepción y Coquimbo y nuestros límites septentrionales eran el despoblado de Tarapacá, sin mayor delimitación, pero nuestro vecino por el norte  era indudablemente el Perú.

A partir de 1840 esos despoblados cobran valor y empiezan a ser habitados a partir de la extracción y exportación del huano como fertilizante. Chile dicta una ley señalando esos territorios como propios. Bolivia hace lo mismo. El  territorio se hace litigioso.

Sin embargo, la realidad habla a favor de Chile, más de 140 barcos y empresas solicitan permiso para extraer huano y pagan la consiguiente contribución en Valparaíso, nadie va a Bolivia a pedir permiso alguno.

Bolivia no tiene barcos, ni puertos ni nada que acredite o le permita ejercer soberanía en los territorios que reclama y todo ello por la simple razón que nunca han sido suyos.

El 25 de Junio de 1863 el parlamento boliviano mediante una ley ordenó al ejecutivo declarar la guerra a Chile si no se respetaban sus supuestos derechos en la zona en litigio. Declaración tan prepotente como distante de la realidad. 

En 1864, siendo gobernada España por la reina Isabel II, una flota hispana encabezada por el poderoso buque Numancia hace en una gira por América, en el Callao se desencadena un conflicto con las autoridades peruanas que agravian el honor de ese país: los españoles ocupan las islas chinchas. Se llama  a una conferencia latinoamericana y Chile se niega abastecer a los buques españoles. Se produce la guerra contra España, se hacen aliados Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Se forma una flota combinada chileno peruana, Bolivia no tiene naves mercantes ni buque de guerra que aportar por la simple razón que no es un país marítimo, por ello nada aporta a la  flota combinada. En la guerra del Pacífico ninguna embarcación navega bajo bandera boliviana.

Se producen combates en Abtao, Papudo y el Callao. Valparaíso es bombardeado.  Al fin la flota española se devuelve derrotada a la península. Esto creó una situación de hermandad latinoamericana. En ese espíritu se suscribe el tratado de límites de 10 de agosto  1866 entre Bolivia y Chile. Gobierna nuestro país don José Joaquín Pérez, elegido democráticamente y en Bolivia don Mariano Melgarejo, llegado al poder mediante un golpe de estado.

El acuerdo en lo sustancial consistió en que  del total del territorio disputado que está entre los paralelos 23 y 25, se fija el límite en el Paralelo 24. Chile se queda con lo disputado que va desde el paralelo 24 al 25 y Bolivia con lo que va entre el paralelo 24 y 23. Es decir, se partió lo disputado por mitades y se acordó que lo que se obtuviera entre los paralelos 23 y 25 como ingreso por el huano y la minería se repartiría en partes iguales, lo que se llamó una “medianería” .

Ahora, sólo ahora, nunca antes, los bolivianos tenían legítimamente mar. Fueron tan torpes que no fueron capaces de cuidar este derecho más allá de 13 años. 

El tratado de 1866  era bueno para la hermandad latinoamericana que tenía muchos adeptos en Chile como Benjamìn Vicuña Mackenna, era malo para Chile pues terminaba  reconociendo derechos ajenos que tenían muy pocos o ningún fundamento y era excelente para Bolivia pues tenía un reconocimiento legal explícito de su frontera que le daba salida al mar, que no tenía. Debieron cuidar ese tratado  que les habría dado mar hasta el día de hoy pero hicieron cuanto estuvo de su parte para evitar que siguiera vigente.

Si la diplomacia boliviana hubiera actuado inteligente y responsablemente habría cuidado ese tratado que le garantizaba la salida al mar. Cuidar un tratado es hacer cumplir sus disposiciones para que el otro no tenga razones para desahuciarlo.

A partir de ese tratado se funda Antofagasta en 1868. Tiene desde el comienzo una pequeña prefectura con funcionarios bolivianos y una abrumadora cantidad de empresarios y obreros chilenos. La generosidad “latinoamericanista” de los chilenos no se avenía con la realidad.

Ese tratado tuvo un problema accesorio en su implementación que decía relación con la recaudación de los impuestos. Se produjeron problemas por parte de Bolivia para llevar las cuentas al día de su aduana y hacer efectivo a Chile el pago correspondiente.

EL SALITRE

La zona empieza a tener gran relevancia económica por el inicio de la explotación de plata y salitre.

En 1871 el dictador boliviano Melgarejo es derrocado por el general Agustín Morales, el que luego sería asesinado por un sobrino en una reyerta palaciega.

El 5 de diciembre de 1872 se firmó el acuerdo Corral/Lindsay (por los apellidos de los cancilleres) para arreglar desacuerdos respecto de la aplicación del tratado de 1866 entre los problemas no estaba la delimitación territorial que se mantenía firme.

El parlamento chileno aprobó el tratado pero el boliviano lo rechazo, bajo influencia peruana, que ante la debilidad institucional altiplánica  influía en su política interna. Había un tema de identidad nacional aún no resuelto, que era Bolivia? un país distinto al Perú? o una provincia que aún podía volver al regazo materno?.

Perú atizaba los conflictos con Chile. Con una visión estratégica valoraba a Chile como un país pobre y pequeño. No consideraban  que los tres decenios conservadores habían dado a Chile una fortaleza institucional que no se podía apreciar a simple vista pero que lo hacían un enemigo de temer.

EL PACTO DE AGRESION QUE PUSO EN RIESGO A TODA AMÉRICA LATINA

Había razones, extra jurídicas y ocultas,  para no llegar acuerdos amigables. El 6 de Febrero de 1873 se firmó en Lima un acuerdo militar entre Bolivia y Perú señalado como “defensivo”. ¿De qué podía defenderse Perú? si ni siquiera teníamos fronteras comunes.

Bolivia no se daba cuenta de lo mucho que había ganado y quería más, entonces apostaba a una salida militar de última instancia. Su desprecio por Chile los hacía cometer un error monumental. Como hoy que confunden circunspección con debilidad.

Se intentó agregar a este pacto a Argentina, con la que Chile  tenía disputas por demarcaciones en la Patagonia,  se le ofreció salida al Pacífico por territorio chileno como parte del pago por una agresión militar a nuestro país. El  gobierno y la Cámara de diputados rioplatenses  aprobaron el tratado, pero fue rechazado por el Senado. Chile siempre supo del pacto y se lo hizo saber silenciosamente a Brasil que ante una situación de desequilibrio continental se apresto a intervenir. Eso impidió el ingreso trasandino.

Ese pacto militar era peligroso pues dividía a América Latina con propósitos bélicos. Crear dos bloques unidos por lazos militares fue exactamente uno de los factores que desató la primera guerra mundial en Europa a partir de un incidente menor en 1914.

El pacto de agresión fue también una perfecta chapucería. En efecto, si uno de los signatarios  tenía un conflicto era el otro quien debía calificar el casus foederis, para ver si se aplicaba o no; te ayudo si quiero; ¿qué pacto es ese?.   

Ese pacto militar  impidió su intervención como mediador, como pretendió hacernos creer la misión Lavalle enviada cínicamente a Chile,  y fue razón perfecta para que Chile entrara  en guerra a ambos países con las consecuencia sabidas.

El pacto militar que se autodefinió como “defensivo” fue secreto lo cual denotaba sus reales intenciones.  Hay testimonio escrito de sus reales intenciones y de cómo Perú teledirigía los bolivianos de acuerdo a su propia estrategia que no era menos desastrosa,  a saber:

Agosto 6.--Asi pues, lo que a ésta [Bolivia] conviene es no perder tiempo en dilaciones inútiles que a nada conducirán sino a permitir que Chile se arme suficientemente. Si el gobierno de Bolivia comprende sus intereses, si quiere no perder parte o todo su litoral, debe decir de una vez su última palabra respecto del Tratado de 1866 i de la Convención Corral-Lindsay: debe romper definitivamente esos pactos, bien sea haciendo que la Asamblea estraordinaria desapruebe el uno i resuelva la sustitución del otro por los insuperables inconvenientes que ha encontrado en la práctica, bien sea adoptando otro medio que conduzca al mismo resultado, pero procurando siempre que, el rompimiento de relaciones no lo haga Bolivia sino que sea Chile quien se vea precisado a llevarlo a cabo.
Rotas las relaciones i declarado el estado de guerra Chile no podria sacar ya sus blindados i, sin fuerzas bastantes para atacar con ventaja, se vería en la precision de aceptar la mediación del Perú, la que en caso necesario se convertiría en mediación armada si las fuerzas de aquella República pretendiesen ocupar Mejillones i Caracoles.
A las anteriores consideraciones puede US. agregar otras que no dudo acabarán de decidir al Gobierno de Bolivia a adoptar la línea de conducta indicada. Me refiero a la casi seguridad que tenemos de la adhesión a la alianza por parte de la República Arjentina (sic).

José de la Riva Agüero, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú Carta del 6 de agosto de 1873 al Embajador peruano en Bolivia Aníbal Víctor de la Torre

Ese pacto agresivo fue un detonante más de la guerra. Preludiaba la guerra y la obtuvo. Chile debió lamentar 10 mil muertos y 5 mil inválidos, esto no se puede olvidar.


EL TRATADO QUE BOLIVIA NO CUMPLIO

El 6 de agosto  1874  en la ciudad de Sucre y a fin de facilitar la implementación del tratado anterior se suscribió un nuevo tratado en que Bolivia fue representado por su canciller don Mariano Baptista y Chile por el suyo don Carlos Walker Martínez.

Es un texto pequeño de 8 artículos que mantiene el límite en el paralelo 23 y resuelve los problemas de ejecución del tratado de 1866 en su dimensión económica.

El artículo 4 señala, cito a la letra:
“Los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales exportados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a mas contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen.
La estipulación contenida en este artículo durará por el termino de veinticinco años”.

Es clarísimo que no se pueden imponer nuevos impuestos por 25 años. Es una clausula esencial  del tratado y su violación implica un incumplimiento grave de lo acordado. Un incumplimiento de esta naturaleza faculta al contratante perjudicado a desahuciar lo acordado. Esto se colige claramente  incluso  desde el sentido común y es una situación jurídica universalmente aceptada. Si una parte no cumple la otra no está obligada a hacerlo: la mora purga la mora.

Esta estipulación de no pagar impuestos por 25 años es la única cláusula del tratado en favor de Chile, era obvio que si no se cumplía nuestro país desahuciaría este acuerdo.

No pagar impuestos no era una tacañería era producto de un acuerdo internacional.

Al separarse las facultades de cobrar impuestos conjuntamente, ahora cada uno cobra en su zona, este artículo 4 pasa a ser muy importante pues hay ya una compañía chilena operando la extracción de salitre en la zona. Esta es la Compañía de Antofagasta de salitre y ferrocarriles. Esto había llevado a miles de mineros al norte.  Casi no hay bolivianos en la zona boliviana.

Esta empresa es de capitales fundamentalmente chilenos. Se ha hecho un gran mito de la intervención de Inglaterra a favor nuestro durante la guerra, esto no es efectivo,  pero no es esta la oportunidad de aclararlo.

Luego de  la caída de la dictadura de Melgarejo el Estado de Bolivia declaró que todos los actos administrativos realizados por este quedaban nulos pero que se podía pedir reconsideración al ejecutivo lo que luego debía ser aprobado por el  parlamento, cosa que hizo la compañía de Antofagasta.  Se comprenderá para donde va un país con esa tipo de seguridad jurídica.

La transacción de la minera Antofagasta con el Estado (1873) que le renovaba la concesión quedó en espera de la aprobación del parlamento.

La hacienda pública boliviana vivía una situación de permanente zozobra a partir de su inestabilidad política, las conductas de su gobernantes y la ninguna atención que le prestaban al litoral y sus riquezas salvo para cobrar impuestos.

En estas circunstancias sufren un terremoto y tsunami que afecta el litoral, esto no les causa grandes perjuicios pues no tenían ni grandes instalaciones públicas ni inversiones empresariales de sus nacionales, tampoco estos trabajaban como obreros en la minería. Un censo daba cuenta de que los 6.000 habitantes  de Antofagasta 5.000 eran chilenos (sólo 400 bolivianos), al igual que la compañía minera que le daba vida a ese puerto. Cobija y Calama eran simples caseríos.

Este terremoto les sirve de pretexto pues el parlamento aprueba la transacción entre la minera  de Antofagasta pero le agrega un impuesto nuevo de 10 centavos por quintal de salitre exportado, como mínimo. Esto estaba expresamente prohibido por el tratado. A eso se sumaba la influencia peruana cuya industria salitrera recibía el impacto de la competencia chilena. Perú había nacionalizado sus salitreras y la eficiencia de los mineros chilenos les ponía en severos aprietos. Por ello incitaban la aplicación de impuestos.

La ley interna de 1878 desató una ola de agitación e incertidumbre, particularmente en la zona de Antofagasta., A esto se sumó un actuar prepotente del delegado boliviano en la ciudad don Severino Zapata. La empresa que si bien era administrada por un inglés, cuyo contrato como empleado estaba terminando, era básicamente de capitales chilenos y empleaba a obreros chilenos, la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta se negó a pagar el nuevo impuesto, que a mayor abundamiento adquiría el tono amenazante de “un mínimo” de diez centavos por quintal exportado.

La empresa pagaba impuestos municipales, no se trató como sostiene algún historiador boliviano, de impuestos de esta naturaleza para mejorar Antofagasta.

El pleito se prolongó durante todo el año 1878. Ante esa situación los chilenos crearon en Antofagasta la  “Liga patriótica” para resistir las medidas bolivianas. Un chileno, marido de la joven chilena Irene Morales fue fusilado por orden de un juez boliviano, lo que encendió más los ánimos.

Bolivia procedió a embargar la empresa Antofagasta para hacerse pago de los impuestos supuestamente adeudados. Notificó e incluso hizo arrestar al administrador por algunas horas.

Se hizo público que el remate de la empresa traería la expulsión de los miles de mineros chilenos que allí trabajaban otro tanto sucedería en Mejillones. Se incubaba lo que hoy llamamos una limpieza étnica (Carta de Hilariòn Daza al prefecto Zapata de 6 de Febrero 1879).

El incumplimiento del tratado por parte de Bolivia ha sido señalado, y con mucha razón, como un “error” de la diplomacia boliviana por el más prestigiado historiador peruano don Jorge Basadre.

El tratado de 1874 contemplaba la posibilidad de una salida arbitral ante cualquier diferendo a que su aplicación diera lugar. En Noviembre de 1878 Chile lo propuso oficialmente, cosa que luego reiteraría. Para evitar esta posibilidad que condenaba a Bolivia a tener que escuchar la ilegalidad de los nuevos impuestos, se recurrió a una tinterillada infantil.

El 1 de Febrero de 1874 Bolivia invalidó la transacción entre la empresa y el Estado celebrada el 27 de Febrero de  1873. Luego suspendió (no elimino) los efectos de la ley de 14 de Febrero de 1878. A partir de esto Bolivìa concluyó, desatendiendo la realidad, que  no existiendo concesión vigente el asunto sería entre el Estado de Bolivia y una empresa particular por lo que Chile no podía intervenir. El problema habría dejado de existir por voluntad unilateral de una de las partes. Claro está que su llave maestra seguía siendo su tratado secreto con el que creía poderoso e imbatible aliado, por ello debe haberles importado poco las justificadas iras que eso desataría en Santiago.

Se fijó fecha de remate para el 14 de Febrero de 1879. Los chilenos en Antofagasta se apretaron resistir la medida.  El prefecto boliviano en Antofagasta don Severino  Zapata recibió instrucciones para que ante la imprevisible  existencia de postores, por la magnitud de lo que se remataría procediera a adjudicar la empresa al Estado de Bolivia que continuaría con la explotación.

El 8 de Febrero el encargado de negocios de Chile en La Paz sr Videla entrega una nota que en lo esencial señala que el problema sigue existiendo a pesar de la rescisión del contrato a la Compañía Antofagasta y que frente a ello solicita se proceda al recurso del arbitraje contemplado en el tratado de 1874 y que en tanto este se desarrolle se suspenda el cobro de impuesto. Es lo tanta veces planteado en los juicios “una orden de no innovar”. La nota solicito respuesta en 48 horas y termina con algo que a cualquier gobierno responsable debió llamar la reflexión “Las consecuencias que necesariamente tiene que desprenderse de una contestación negativa serán de la exclusiva responsabilidad del excelentísimo gobierno de Bolivia”. Si a esto se suma la presencia del blindado Blanco Encalada en la rada de Antofagasta, el mensaje chileno era clarísimo.

El gobierno de Bolivia respondió tres días después, arguyó problemas administrativos, se había sustituido al canciller Martín Lanza bajo imputación de falta de patriotismo por haber sugerido en el intercambio de notas diplomáticas el arbitraje si se garantizaban los impuestos adeudados, por la asunción del nuevo canciller don Eulogio Doria Medina. Exigió como cuestión previa que el Blanco Encalada saliera de Antofagasta. Pero, el nuevo canciller partió de inmediato a Lima a activar el pacto militar.

Chile tenía la razón y la fuerza aunque Bolivia se creyera sus propias tinterilladas. La propuesta chilena era la mejor, evitaba la salida de fuerza. Para Bolivia aun perdiendo el eventual arbitraje el transcurso del tiempo iba en su favor, bastaba que se cumpliera el plazo de 25 años sin impuestos y tendría ese litoral sin condiciones y para siempre.

El 14 de Febrero el blindado Cochrane entró a la rada de Antofagasta acompañado del O’Higgins y desembarcaron 250 soldados que reivindicaron la ciudad e impidieron la confiscación fijada para ese día. Con todo, no hay voluntad de guerra la que no se declara y se confía todavía en un arreglo arbitral, todavía era posible el arbitraje.

El 1 de marzo Bolivia le declaró la guerra a Chile que sólo el 14 de marzo declaro que respondería con la fuerza.

Bolivia había hecho cuanto estuvo en su poder para desatar la guerra. Su confianza en el pacto secreto era un error garrafal. Desde siempre Chile supo de ese pacto, los diplomáticos chilenos no iban de paseo a Lima, el presidente  Prado tenía una maraña de intereses económicos en Chile ( él pensaba que le habían regalado una hacienda, pagado sueldo de general y que Agustín Edwards no le cobraba los prestamos porque era bonito) que terminaron con su huida luego de la batalla de San Francisco, hasta el propio Hilarión Daza fue tocado sino como se explica en un militar valiente la reiterada de Camarones?.

LOS DERECHOS ESPECTATICIOS: UN METAL DE MADERA

Las cosas se consiguen por la razón (en este caso jurídica), por la fuerza o por la buena voluntad.

Bolivia no ha querido explorar esta última senda desatendiendo que las dos primeras se le muestran insalvables. Los gobernantes altiplánicos creen que los chilenos nos conmoveremos con la lluvia de insultos o que seremos tan ingenuos y les creeremos cuando a estos le anexan el meloso y cínico “hermanos”. Pueden cautivar a algún ingenuo o contratar algún mercenario, pero no pasaran de allí.

Pretenden hacer creer que el hecho que en algún momento se haya conversado sobre sus pretensiones hace de estas un derecho que obliga a negociar. Si respecto a un acto jurídico no se forma un consentimiento simplemente no se ha producido nada. Si una persona vende un inmueble y yo le ofrezco un precio que no le satisface, simplemente no hay nada, no se ha formado el consentimiento, no puede de allí surgir la obligación de que esta persona deba sentarse a recibir mis ofertas por toda la eternidad.

El orden jurídico cautela derechos y no meras expectativas.
La obligación de negociar supone la transacción, es decir que ambas partes deben ceder algo.
Chile no puede aceptar que un tribunal internacional determine su política exterior. Esto sería inconstitucional y un atentado directo a nuestra soberanía. Sólo podemos aceptar fallos frente a un incumplimiento de obligaciones internacionales, pero el negociar o no es una resolución de política exterior no una obligación internacional. Si aceptamos esto tendríamos que aceptar que un tribunal internacional nos diga con que estados debemos tener relaciones diplomáticas o no.

El gobierno de Evo Morales es tan irresponsable como el de Hilarión Daza por afanes personales embarcan a sus naciones en las peores aventuras.

Los derechos “espectaticios” son un metal de madera. Se trata de un derecho o de una expectativa, lo uno o lo otro.

ROBERTO ÁVILA TOLEDO
Abogado
U. de Chile


lunes, 5 de marzo de 2018

Ficha médica podría terminar con “jubilazo” de Pinochet Hiriart



RADIO U DE CHILE
El año pasado, y luego de la revelación de las excesivas pensiones que recibían algunos retirados de las Fuerzas Armadas, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal en contra de siete ex uniformados que reciben una "pensión de invalidez de segunda clase". El 7mo Juzgado de Garantía acaba de aceptar la incautación de las fichas clínicas de los acusados y Fiscalía ya trabaja en la investigación.

El promedio de una pensión en Chile no supera los $200 mil pesos bajo el sistema de pensiones en el que cotizan los ciudadanos comunes y corrientes. El promedio de una pensión asignada y entregada por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, supera los $1.400.000 pesos.
La realidad fue denunciada a mediados del año pasado por un reportaje de Informe Especial. En él se indagaba la situación de siete ex funcionarios de la institución que, en ese momento y hace décadas, recibían pensiones millonarias que superaban, por lejos, el promedio de lo que recibe un chileno común e, incluso, el tope que supone la ley para una pensión.
El bache legal decía relación con que las pensiones que recibían no eran de carácter regular, sino que eran definidas según la figura de “pensiones de invalidez de segunda clase”. La invalidez de segunda clase permite aumentar hasta un 20 por ciento de la remuneración y favorece al jubilado por el resto de su vida. Es aquella concedida a consecuencia de una enfermedad invalidante de carácter permanente y corresponde a aquella que además de imposibilitar la continuidad en el servicio, deja al individuo en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas.
Los casos que salieron a la luz, y que probablemente están lejos de ser los únicos, involucran a personas que cumplieron una variada gama de labores dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
Augusto Pinochet Hiriart es uno de ellos.  Recibe, desde 1979, una pensión de 900.000 mil pesos. Jaime Torres, ex agente de la CNI condenado por la muerte de un químico de la DINA, recibe una pensión de $1.647.687 pesos. Emilio Neira, ex CNI condenado en Punta Peuco por la muerte de dos frentistas en el marco de la Operación Albania, recibe $2.605.979 pesos. Patricio Ferrer, ex CNI condenado por su participación en el asesinato de 14 personas en la Caravana de la Muerte, recibe una pensión de inutilidad que supera los $2 millones. Patricio Franjola, ex auditor general de la FACh, recibe la pensión más alta de todas, casi llegando a los $7 millones de pesos.  Patricio Ríos, ex comandante en jefe de la FACh retirado en 2002 recibe, desde ese año, una pensión que rasguña los $4 millones. Rubén Fiedler, ex oficial de ejército e integrante de la CNI que cumpliera condena por cinco años y un día, recibe $1.340.000.Todos estos casos corresponden a pensiones de invalidez y, también, a personas que actualmente viven en condiciones físicas y mentales que distan de esa condición.
Las pensiones, una vez otorgadas, no se revisan nunca más por los médicos y, por si fuera poco, pueden solicitarse hasta 10 años después del retiro por antigüedad.
Ante los cuestionamientos levantados por las injustificadas cifras entregadas a ciertos ex funcionarios en forma de pensiones, y que provienen de los bolsillos fiscales, el abogado de derechos humanos Roberto Ávila decidió presentar, dos días después de emitido el material audiovisual (25 de julio 2017), una querella criminal en contra de los mencionados, como este medio pudo verificar en el portal de causas en el Poder Judicial.
Una vez admitida la querella por el Tribunal del 7°Juzgado de Garantía, la jueza Marcia Figueroa  dictaminó remitir  la investigación al Ministerio Público que, a través de la Fiscal Adjunto (S) de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, María  Boccanegra, solicitó la revisión de las fichas clínicas de siete de los acusados por el reportaje de Televisión Nacional con el objetivo de revisar sus condiciones de salud y, así, evaluar la continuidad de la entrega de las ostentosas jubilaciones: “Vengo en solicitar que de manera especial y extraordinaria, el tribunal autorice la obtención de los antecedentes clínicos que se indican respecto de Augusto Osvaldo Pinochet, Emilio Enrique Neira, Patricio Gerardo Ferrer, Jaime Fernando Torres, Rubén Agustín Fiedler y Patricia Rivera, los cuales se encuentran en el Hospital Militar de Santiago”.
Con los  antecedentes, se da inicio a la investigación por el  “delito de Fraude de Subvenciones previsto y sancionado en el artículo 470 n° 8 del Código Penal, despachándose Orden de investigar a Brigada investigadora de delitos Funcionarios y diversos requerimientos de información a Subsecretaría para las FF.AA, Gendarmería de Chile, Ejército de Chile, Fuerza Aérea de Chile, y Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.
Este 27 de febrero, la jueza Carolina Mella Toledo,  del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, declaró a través de un comunicado que “Se autoriza la entrega de las fichas clínicas de los imputados, antecedentes y exámenes médicos que digan relación con la tramitación de las pensiones de invalidez de que son beneficiarios”. La acción contempla a seis de los siete incluidos en la querella.
En manos de la Fiscalía está determinar la formalización de la causa. Mientras tanto, la investigación prosigue su curso de manera desformalizada, por lo que aún no se baraja la solicitud de medidas cautelares para los acusados. Por esa misma razón también, la investigación aún no maneja plazos definidos. La ley de presupuesto de 2016 destinó para pensiones de Capredena y Dipreca cerca de $2.300.000 millones de dólares. La tarea ahora es determinar qué porcentaje de esa cifra corresponde a pensiones justificadas y cuáles, como se evidenció en el reportaje de TVN, generan un perjuicio fiscal que no corresponde.

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