La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogiendo una apelación interpuesta por los querellantes Roberto Avila Toledo y Rubén Jerez Atenas decretó reabrir el sumario en que se investiga el bombardeo e incendio del palacio presidencial de La Moneda. Hecho que de acuerdo a los recurrentes es claramente un intento de homicidio del presidente Salvador Allende y sus colaboradores.
El ministro instructor de la causa Miguel Vásquez Plaza cerró sorpresivamente la investigación de este hecho a fines de 2014 por entender que no habría delito susceptible de ser sancionado. En la ocasión dejó sin efecto diligencias de investigación ya decretadas.
Los abogados querellantes Roberto Ávila Toledo y Rubén Jerez solicitaron hace un par de semanas la reapertura de la investigación y solicitaron diligencias relevantes al esclarecimiento de los hechos, el ministro Vásquez Plaza negó ambas solicitudes.
Ante este hecho interpusieron recursos de apelación que fue visto y acogido el día de ayer en que alegó por los recurrentes el abogado Ávila.
El letrado señaló que existía ya sobreabundancia de pruebas, que hacían difícil entender el actual archivo y sobreseimiento. En el caso del jefe de la escuadrilla Mario López Tobar existían su prpopia declaración judicial reconociendo su calidad de jefe de escuadrilla, la publicación de un libro de su autoría en que da detalles del bombardeo y explicita su condición de jefe y además se ha acompañado al proceso el documental de la televisión alemana “Más fuerte que el fuego” en que este relata los hechos al igual que otros pilotos. López Tobar aparece haciendo declaraciones en su oficina, en la que tiene a sus espaldas una enorme fotografía de La Moneda incendiándose.
En cuanto al general (r) Fernando Rojas Vender este en entrevista concedida a la periodista Mónica Gonzalez dió detalles en ser el segundo al mando de la escuadrilla, lo cual fue publicado en el diario argentino Clarín y nunca desmentido.
Por último expresó que existía la posibilidad de acceder a nuevos medios de prueba.
Agregó que el intento de homicidio era evidente, al punto que el palacio presidencial quedó destruido totalmente. El presidente Allende fue puesto en la disyuntiva de renunciar o ser asesinado, ante su negativa se buscó matarlo, al igual que cuando un delincuente al amparo de la noche interpela su víctima “la bolsa o la vida”. No pudo tratarse de un acto de intimidación, fue simplemente una voluntad de matar al presidente de la república.
Ávila concluyó su intervención señalando que si este evidente intento de asesinar al presidente Salvador Allende y a sus colaboradores mediante 22 cohetes antiblindaje del tipo Sura no fuera en definitiva investigado y sancionado como delito sería un día muy triste para Chile como un estado que aprecie su honor y dignidad.
La Corte santiaguina acogió los argumentos y ordenó reabrir el sumario y ordeno las diligencias solicitadas.
Ya en los pasillos de la Corte Avila puntualizó que "esperamos que el gobierno se haga parte en este proceso, resulta difícil de entender que los ciudadanos tengamos que actuar solos en un hecho que atentó en contra del corazón mismo del Estado de Chile."
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