Los
concejales, con el patrocinio del abogado Roberto Ávila Toledo,
denunciaron los delitos de: malversación de caudales públicos,
falsificación de instrumentos públicos, sustracción de caudales públicos
y nombramientos ilegales.
Esta
Municipalidad rural de la Región Metropolitana está viviendo una
caótica situación financiera lo que ha impedido que en los últimos cinco
meses se paguen las cotizaciones previsionales al personal y que los
descuentos por planilla a casas comerciales hayan dejado de pagarse. Se
vienen severos recortes a los servicios de salud y educación que se le
brindan a la comunidad.
En
una rueda de prensa ofrecida en el Club de Bomberos de la ciudad de
Melipilla el concejal Juan Ignacio Zúñiga señaló que cualquier auditoría
rigurosa no podría dejar de reflejar un déficit de mil millones de
pesos.
De
su parte el concejal Jeremías Vilches informó que desde hace 2 años y
medio a la fecha venían denunciando estas irregularidades a la
Contraloría General de la República, la cual había constatado por lo
menos 50 nombramientos ilegales. Los fondos afectados corresponden en
gran medida a subvenciones especiales para los niños más pobres del
sistema educacional.
En
el mismo camino y tenor el concejal Pedro Ulloa, descarto motivaciones
políticas partidistas en esta acción judicial en contra del Alcalde
(DC), toda vez que los querellantes forman parte de la Nueva Mayoría, la
Alianza y Fuerzas Extraparlamentarias.
El
concejal Samuel Espinoza subrayo que la situación administrativa y
financiera del municipio es caótica entre otras cosas, por la existencia
de funcionarios municipales que sin tener un nombramiento legal y las
capacidades profesionales tomaban decisiones relevantes.
Por
último el abogado Roberto Ávila, señalo que el Juez de Garantía de
Melipilla había remitido todos los antecedentes al Ministerio Público,
quién ya había designado a la Fiscal que llevará adelante la
investigación penal. Expresó también que la acción penal interpuesta por
los concejales muy probablemente se tramitaría conjuntamente con la
investigación, que por estos mismos hechos que lleva adelante el
Ministerio Público a requerimiento de la Contraloría General de la
República y el Concejo de Defensa del Estado.
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