La prensa informa que en el día de ayer 5 de Marzo 13 personas imputadas por diversos delitos fueron dejadas en libertad debido a la inasistencia del Fiscal a la audiencia de rigor. La justicia penal chilena muestra escaso niveles de credibilidad en la ciudadanía debido a situaciones como estas que se repiten con mucha frecuencia.
A lo anterior se suma el que el Ministerio Público hace un uso abusivo del principio de oportunidad y deja sin persecución penal y sin su correspondiente sanción a ilicitos que pueden ser poco relevantes para el estado pero no para quienes los han sufrido. A mayores males los fiscales entienden este principio como una prerrogativa que se puede utilizar arbitrariamente y en desmedro de los derechos, muchas veces constitucionales, de las víctimas.
En los hechos el estado y su enormes recursos muestran mayor preocupación por los infractores a la legalidad que por sus víctimas. Así por ejemplo, en los delitos de acción privada, en los que no interviene el Minsiterio Público, el particular debe contratar su propio abogado, paradojicamente el estado le provee de asistencia inmediata y gratuita al querellado.
El Ministerio Público, a contrapelo de la modernidad y la posmodernidad, que una racionaliza democraticamente el poder y la otra instala el valor de la subjetividad, interviene con criterios propios y sin considerar a las víctimas como el objetivo primero de sus deberes. Esto es un paso atrás que nos lleva a la premodernidad con un monarca “dueño” de la acción punitiva por “su” legalidad quebrantada.
El Ministerio público no logra entender que la legalidad es un patrimonio político de todos los ciudadanos y no “su”patrimonio a administrar discrecionalmente.
El Ministerio público no logra entender que la legalidad es un patrimonio político de todos los ciudadanos y no “su”patrimonio a administrar discrecionalmente.
El sistema en su conjunto abandona a las victimas y cuando estas logran constituir un abogado particular, este aparece como un advenedizo al sistema y tiene facultades tan limitadas que pasa a ser un procurador del fiscal.
En la propia investigación el querellante queda a la buena voluntad del fiscal. Un abogado querellante puede demorar semanas en ser recibido por el fiscal si este tiene a bien hacerlo y no lo deriva a un subalterno luego de engorrosas y ceremoniosas solicitudes.
En Chile una víctima o quien cree serlo no esta en situación legal de llevar a juicio aquien cree culpable. Esta es una facultad del estado que la administra caprichosamente según el entender mayoritario de la ciudadanía.
El sistema tiene también perceptibles debilidades subjetivas, como ha quedado de manifiesto en procesos de connotación pública como el llamado “caso bombas”. El nuevo sistema procesal se dotó de funcionarios jóvenes, pues con un reduccionismo manifiesto, se entendió que los abogados anteriores estaban “contaminados” con el antiguo sistema y sus practicas.
En la juventud, como un momento de construcción y reconocimiento de la su personalidad, los seres humanos hacemos y decimos cosas estrambóticas. Esto es perceptible en el sistema procesal penal tan generosamente dotado de juventud.
La cordialidad entre jueces y fiscales, expresada en dialogos coloquiales previos a las audiencias son percibidos con disimiles interpretaciones por los intervinientes.
Lo más nítido de todo es que la ciudadanía se muestra escéptica con nuestro sistema, por ello “los arrestos ciudadanos” son un verdadero linchamiento popular que parte del supuesto que el delincuente sólo recibirá esa sanción.
El sentido de la reforma procesal penal quedó claramente expresado en el mensaje del entonces preisdnte Eduardo Frei al parlamento, se trataba de poner en sintonía la persecución penal con el modelo neoliberal imperante. Fue una de las "modernizaciones" que orientaron su gobierno. Esta supuesta modernización ha hecho crisis junto al modelo al cual servía.
Esta justicia que busca "solucionar" los conflictos antes que la verdad esta hecha como anillo al dedo para los sujetos activos en los delitos de cuello y corbata. Las presiones tienen campo libre. Todo puede suceder. Una diputada de la UDI sorprendida infraganti haciendose ilegitimanente de recursos fiscales - inventaba arriendo de sedes parlamentarias - simplemente devolvió el dinero y no le pasó nada. Un senador PPD no fué ni siquiera importunado en su desayuno por la justicia penal chilena a pesar de haberse acreditado el fraude al fisco mediante facturas falsas desde su campaña.
En la persecución penal chilena no existe el componente ciudadano. Los jueces se eligen a si mismos en contubernio con la clase política. Los fiscales de su parte son ungidos "tecnicamente" en un proceso autogenerativo desprovisto de cualquier control democrático de la ciudadanía.
El sentido de la reforma procesal penal quedó claramente expresado en el mensaje del entonces preisdnte Eduardo Frei al parlamento, se trataba de poner en sintonía la persecución penal con el modelo neoliberal imperante. Fue una de las "modernizaciones" que orientaron su gobierno. Esta supuesta modernización ha hecho crisis junto al modelo al cual servía.
Esta justicia que busca "solucionar" los conflictos antes que la verdad esta hecha como anillo al dedo para los sujetos activos en los delitos de cuello y corbata. Las presiones tienen campo libre. Todo puede suceder. Una diputada de la UDI sorprendida infraganti haciendose ilegitimanente de recursos fiscales - inventaba arriendo de sedes parlamentarias - simplemente devolvió el dinero y no le pasó nada. Un senador PPD no fué ni siquiera importunado en su desayuno por la justicia penal chilena a pesar de haberse acreditado el fraude al fisco mediante facturas falsas desde su campaña.
En la persecución penal chilena no existe el componente ciudadano. Los jueces se eligen a si mismos en contubernio con la clase política. Los fiscales de su parte son ungidos "tecnicamente" en un proceso autogenerativo desprovisto de cualquier control democrático de la ciudadanía.
Los hechos hablan por si solos., los ciudadanos no creen en la justicia penal chilena. Cualquier institución que este falta de credibilidad en los ciudadanos está en crisis y debe reformularse.
ROBERTO AVILA TOLEDO
ABOGADO
No hay comentarios:
Publicar un comentario