Alcalde de San Pedro de Melipilla es destituido de su cargo (Radio u de Chile)

Rodrigo Fuentes |Miércoles 12 de octubre 2016 20:31 hrs.

Cargos de corrupción y malversación de caudales públicos, entre otros fueron imputados al alcalde de San Pedro de Melipilla, Florentino Flores, por los cuales el Tribunal Electoral resolvió destituirlo de manera unánime. Flores además pretendía ir a la reelección de su cargo.

Por la unanimidad de los votos, el Tribunal Electoral destituyó y suspendió de manera inmediata al actual alcalde de San Pedro de Melipilla, el demócrata cristiano Florentino Flores Armijo, por notable abandono de deberes.

El edil era investigado por la Contraloría en al menos 20 causas, entre las que se encuentra dictación de decretos sin la aprobación del concejo municipal, nombramientos ilegales, contrataciones ilícitas, malversación de caudales públicos, despidos injustificados, transferencias de millonarias suma de dinero, entre otras irregularidades.

El abogado querellante, Roberto Ávila, valoró la resolución del Primer Tribunal Electoral Metropolitano y que en su momento fue denunciado de manera transversal por cinco de los seis concejales de la comuna de San Pedro.

“Este señor fue destituido por un requerimiento planteado por cinco de los seis concejales. Este es un momento muy significativo para la probidad en Chile y que los tribunales y nuestras instituciones han funcionado. Se ha destituido a una persona bajo acusación de corrupción, que además pretendía ir a la reelección electoral porque él es candidato”.

El jurista agregó que en numerosas oportunidades y a partir del año 2013, se denunciaron los hechos de faltas a la probidad a los timoneles de la Nueva Mayoría, quienes no hicieron caso a los cuestionamientos, lo que finalmente el Tribunal Electoral confirmó y dictó sentencia.

EX PRESO POLITICO DEMANDA AL ESTADO DE CHILE

El ex preso político Hugo Toledo Pérez presentó demanda contra el Estado de Chile. El era un trabajador de la empresa productora de neumáticos Manesa en Tierras Blancas, cercanías de Coquimbo. Fue detenido el 11 de Septiembre de 1973 bajo la fantasiosa acusación de preparar productos químicos y bombas con fines terrporistas. En realidad el había creado el laboratorio químico de la empresa y era un militante del Partido Socialista , al igual que otros casi cien mil chilenos en la época y cuyo gran pecado era proponerse un país distinto..

Fue trasladado a la Cárcel de La Serena y llevado para brutales interrogatorios bajo torturas en el regimiento Arica. En esa unidad el jefe de inteligencia era Juan Emilio Cheyre procesado por el caso caravana de la muerte en esa misma ciudad.

Toledo fue sometido a dos acusaciones, pero que eran tan absurdas que debió se dejado en libertad. Su historia es la de muchos chilenos que sufrieron la dictadura militar. Su adhesión al gobierno del dr Salvador Allende la debió pagar también con años de exilio.

Ante los abusos sufridos y el abandono en que los gobiernos han dejado a las victimas de la prisión política ha recurrido a la vía judicial para hacer justicia en su caso, para ello ha presentado una demanda en Santiago con el patrocinio del abogado Roberto Ávila Toledo.

Jorge Lavandero presenta recurso para revisar su condena / Radio U de Chile

Gonzalo Castillo |Viernes 16 de septiembre 2016 20:28 hrs.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema acogió un recurso de revisión presentado por el senador de la DC Jorge Lavandero, en el cual solicita que se anule el procedimiento abreviado a través del cual fue condenado en 2005 por abuso sexual de menores por una serie de irregularidades en el proceso judicial, según denuncia el ex parlamentario.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedInGoogle+A más de una década en que fuera condenado por abuso sexual de menores, el ex senador Jorge Lavandero presentó un recurso de revisión de la sentencia ante la Corte Suprema, el cual fue acogido de manera unánime por la Segunda Sala Penal del máximo tribunal.

El ex parlamentario de la DC denuncia una serie de irregularidades que fueron cometidas, a su juicio, en el proceso judicial que terminó enviándolo a la cárcel, además de eventuales presiones recibidas para aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado, razón por la cual pide que se anule dicho procedimiento.

“Se trata de una sentencia ejecutoriada que se ha consolidado como cosa juzgada respondiendo al principio de la certeza jurídica. Pero los antecedentes nuevos en cuanto no se dispuso de ellos al momento de dictar sentencia (…) son de tal significación que hacen necesaria su revisión”, señala el recurso.

Roberto Ávila, abogado de Jorge Lavandero, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, hizo énfasis en lo poco común que es que la Corte Suprema acoja un recurso de esta naturaleza, y que por ende, eventualmente el ex senador tenga la posibilidad de probar las supuestas presiones e irregularidades ocurridas en el juicio que lo sentenció a prisión.

“El recurso de revisión es algo excepcional porque va dirigido contra una sentencia que se encuentra a firme, ejecutoriada. Ahora, la práctica judicial nos dice que son muy pocos los recursos que se acogen a tramitación, la inmensa mayoría, yo diría que casi el 95 por ciento son declarados inadmisibles. Lo que aquí ha ocurrido es por la unanimidad de la Segunda Sala ha acogido a tramitación el recurso”.

De todas maneras, el abogado Ávila plantea que el recurso de revisión tiene ahora tres caminos a seguir: el primero es que, finalmente, sea rechazado; en segundo lugar que la Corte “dicte una nueva sentencia por sí misma”; o puede determinar la realización de un nuevo juicio.

“Lo que mi representado persigue –él tiene 85 años de edad, la mayor parte de su vida ya ha transcurrido- es limpiar su nombre, más que otra cosa. Ya estuvo preso, lo denigraron, le quitaron el sillón parlamentario. Él busca que se restablezca la verdad, porque él fue condenado en un procedimiento abreviado que supone que el imputado confiese, diga que él responsable de los hechos, entonces para qué seguir un juicio, pero eso él nunca lo hizo”, agrega Ávila.

Lavandero: “No tengo otro propósito que limpiar mi nombre”

El ex senador de la DC adjunta con el recurso presentado, una extensa carta en la cual describe las razones por las cuales ha presentado este libelo, a pesar de estar “libre, en la tranquilidad de mi hogar, esta presentación es revivir un calvario, pero la necesidad de ser escuchado es más fuerte”.

“No tengo otro propósito que limpiar mi nombre, el pasado es irremediable incluso en las injusticias, lo que he sufrido no tiene reparación posible. Soy completamente inocente de aquello por lo cual se me condenó”, agrega la misiva.

Jorge Lavandero asegura que en su momento, en el procedimiento abreviado al cual fue sometido, no tuvo la oportunidad de ser informado de manera adecuada sobre su situación judicial, lo que derivó en que “el asentimiento libre e informado del imputado” no se verificó en este caso.

“En estricto rigor nunca fui sometido a un juicio, un proceso contradictorio donde pudiera exponer mis argumentos y pruebas y valorar la de los que me acusan. Fui condenado, contra mi voluntad y en ausencia en un procedimiento abreviado, que es una salida alternativa y no un juicio. Esta salida alternativa es legítima, pero con el asentimiento libre e informado del imputado, cosa que no ocurrió”.

Lavandero apunta a su ex abogado, Matías Balmaceda, como responsable de que aceptara este juicio abreviado: “El día 20 de junio de 2005 mi abogado Matías Balmaceda fue a mi departamento para que compareciéramos a una audiencia, que era continuación de otra que se había convocado como audiencia de preparación del juicio oral. La anterior no se había podido realizar porque mi abogado no tenía clara sus pruebas. Me encontraba en un estado de desesperación, pero firme en no aceptar hechos que no he cometido”.

“Yo quería un juicio donde aún un abogado sin mayor destreza y a partir de la realidad de lo ocurrido podía obtener mi absolución. Se pidió por el fiscal y se aceptó por la juez una suspensión de audiencia de preparación con el evidente fin que se me convenciera del procedimiento abreviado. Esto da cuenta del interés de la fiscalía por el procedimiento abreviado, el único que quería juicio oral era yo”, añade Lavandero.

El ex militante de la DC asegura que una vez frente al juez, durante el inicio del procedimiento abreviado, le expresó “en tres oportunidades que estaba bajo presión”, y que a pesar de ello se siguió adelante con el proceso, por lo que para Lavandero “era evidente que había una voluntad de condenarme”.

Finalmente, el abogado Roberto Ávila señala que la Corte Suprema debería definir en un período de tres a cuatro meses el destino final de este recurso, y así establecer si el ex senador Lavandero tendrá la posibilidad de anular la sentencia original y acceder a un nuevo juicio.

Ex senador Jorge Lavandero pide a la Corte Suprema revisar su condena. La Tercera 16/9/ 2016

Máximo tribunal evacuó traslado al Ministerio Público y decidió tramitar el caso. En su recurso, el otrora militante DC aseguró: "Estoy libre, en la tranquilidad de mi hogar, esta presentación es revivir un calvario, pero la necesidad de ser escuchado es más fuerte".

Leslie Ayala C.16 de septiembre del 2016 / 16:27 Hrs

La segunda sala penal de la Corte Suprema decidió tramitar un recurso de revisión presentado por el ex senador Jorge Lavandero, quien a más de una década de ser condenado por abuso sexual de menores, solicitó al máximo tribunal que anule el procedimiento abreviado en el que fue sentenciado (pena que ya está cumplida) y se realice un juicio oral en que pueda demostrar su inocencia.

Según la resolución, el máximo tribunal del país proveyó la presentación del abogado Roberto Ávila en representación del otrora militante  DC y evacuó traslado al Ministerio Público, para que respondan ante el requerimiento de Lavandero quien aseguró haber sido víctima de presiones para aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado.

“Estoy libre, en la tranquilidad de mi hogar, esta presentación es revivir un calvario, pero la necesidad de ser escuchado es más fuerte”, dice en su recurso el ex parlamentario —quien actualmente tiene 85 años— y que en mayo de 2008 salió de la cárcel luego de recibir el beneficio de libertad condicional.

En el líbelo de revisión de condena, Lavandero sostiene a la Suprema que en 2005 fue condenado “sin que existiera un juicio propiamente tal, sino mediante la salida alternativa del procedimiento abreviado”. En efecto, el ex parlamentario fue condenado a 5 años de presidio efectivo.

A juicio de él y su defensa existen antecedentes nuevos y pese a que la condena ya está ejecutoriada y ya es “cosa juzgada”,asegura que necesita corregir por su honra la sentencia definitiva que existe a su respecto y que lo marcó de por vida.

Consultado por La Tercera por la resolución de la Sala Penal que da inicio a la tramitación de esta revisión, su abogado Roberto Ávila aseguró: “Esto viene en abrir paso a una legítima aspiración del ciudadano Lavandero a ser sometido a un juicio. Él fue condenado en un procedimiento abreviado, en donde no pudo defenderse de las acusaciones, procedimiento legal, pero que él nunca consintió, por lo cual se cometió una monumental injusticia”.

No quiere morir con esta sentencia

“Soy una persona de 85 años, como se aprecia, la mayor parte de mi vida ya ha transcurrido. Pasé años en prisión, fui objeto del escarnio público bajo la imputación de uno de los delitos más deleznables que se pueda concebir, el abuso sexual de niños y se me privó de mi membresía en el parlamento chileno que tuve por ocho periodos”, parte diciendo en su recurso.

En ese sentido, Lavandero explica que “los mayores sufrimientos que pudiera acarrear una situación como la que me ha tocado vivir ya forman parte del pasado. Todo debería indicarme la pasividad junto a mi familia, pero vuelvo a un tribunal, con todas las inquietudes y zozobras que ello implica,  en la esperanza de la justicia; es imposible para quien ha sufrido una injusticia de esta magnitud mantener la pasividad de espíritu y resignarse a morir con un injusto baldón a cuestas”.

El propósito, asegura el ex senador, es limpiar su nombre. “Soy completamente inocente de aquello por lo cual se me condenó. En estricto rigor nunca fui sometido a un juicio, un proceso contradictorio donde pudiera exponer mis argumentos y pruebas y valorar la de los que me acusan. Fui condenado, contra mi voluntad y en ausencia en un procedimiento abreviado, que es una salida alternativa y no un juicio. Esta salida alternativa es legítima pero con el asentimiento libre e informado del imputado, cosa que no ocurrió”.

En ese sentido, Lavandero acusa que su entonces abogado Matías Balmaceda le insistió que aceptara un procedimiento abreviado a cambio de una pena más baja. “Yo quería un juicio donde aún un abogado sin mayor destreza y a partir de la realidad de lo ocurrido podía obtener mi absolución. Se pidió por el fiscal y se aceptó por la juez una suspensión de audiencia de preparación con el evidente fin que se me convenciera del procedimiento abreviado. Esto da cuenta del interés de la fiscalía por el procedimiento abreviado, el único que quería juicio oral era yo”, dice.

Según él siempre se mantuvo firme en que se negaría al procedimiento abreviado. “A pesar que  prensa me acorralaban de un modo feroz poniendo cualquier muestra de solidaridad o consejo bien intencionado bajo amenaza. El día 20 de junio de 2005 mi abogado Matías Balmaceda  fue a mi departamento para que compareciéramos a una audiencia que era continuación de otra que se había convocado como audiencia de preparación del juicio oral. La anterior no se había podido realizar porque mi abogado no tenía clara sus pruebas. Me encontraba en un estado de desesperación, pero firme en no aceptar hechos que no he cometido”, asegura.

Entonces recuerda, “cuando la juez me interrogó si aceptaba el procedimiento libre y voluntariamente le señalé en tres oportunidades que estaba bajo presión, incluso se debatió sobre que se entendía por presión. Era evidente que había una voluntad de condenarme, pues se siguió adelante”. Y asegura: “en ningún tribunal chileno un procedimiento sigue adelante con esa respuesta, es más hay magistrados que incluso interrogan al imputado sobre que les explicó su abogado de este procedimiento, y estas preguntas que irrumpen en la intimidad de la relación abogado/cliente son justificadas por el bien infinitamente superior que una persona no este aceptando una responsabilidad, que lo llevara a  la categoría de delincuente, sin estar actuando libre, consciente  y voluntariamente”.


Ahora será la fiscalía de Temuco la que deberá responder a la Suprema respecto a las ilegalidades que denuncia el ex senador.

JUAN PABLO CARDENAS: UN LIBRO EXCEPCIONAL

 

Se ha lanzado el libro de Juan Pablo Cárdenas “Peligro para la sociedad”, un relato testimonial  que excede largamente la intimidad y vivencias del narrador para transformarse en una imprescindible fuente para la reconstrucción histórica del Chile bajo dictadura y sobre todo de esta transición interminable.

 

El libro se presentò ante una repleta sala Master de la Radio Universidad de Chile. Como ya se ha hecho una costumbre los presentadores del libro no lo habían  leído, pero esto se salvó con la reflexión serena del autor que haciendo referencia a sólo tres o cuatro situaciones relatadas en el libro ya nos anunció que habían revelaciones muy significativas para entender el Chile de hoy a partir de lo vivido en los últimos cuarenta años.

 

Tan pronto llegué a mi casa leí el texto en su casi doscientas páginas, que por su enjundia dejan gusto a poco. Un poco en broma un poco en serio el autor señaló que lo había escrito para no tener que responder las preguntas de los estudiantes sobre la dictadura, la revista Análisis , el periodista José Carrasco tan brutalmente asesinado y esas cosas. Creo que ese objetivo no lo va a conseguir este premio nacional de periodismo, pues dan ganas de hacer más preguntas, incluso para los que como este servidor han vivido en los tiempos del relato.

 

La primera parte del texto se refiere a la dictadura, tiene la virtud de ponernos en el pellejo las sensaciones terribles de aquellos años, lo que Juan Pablo llama “el vértigo de esos tiempos”. Los abusos, la brutalidad, el heroísmo cotidiano de los opositores,  la prevaricación institucional del poder judicial, hay anécdotas que lo reflejan todo.

 

Pero el autor es modesto y un poco escueto en el relato, sobre todo porque él es un protagonista de los hechos relatados, no debe ser fácil relatar el heroísmo propio. Es como pedir un trabajo, siempre es más fácil hacerlo para otro.

 

Se relata esa portada inolvidable de la revista Análisis “QUE SE VAYA”, me dio escalofrío cuando la vì en un quiosco, era como ver al que mete la cabeza en la boca de un león,  el tirano enfureció, el director de la revista fue arrojado de la cárcel grande que era Chile a una más pequeña personalizada del modo más brutal e inhumano. Esa portada corrió la barricada de la libertad hartos metros adelante, en la organización que yo militaba exigí que dejáramos de conformarnos simplemente con hacer y decir desde la clandestinidad lo que algunos periodistas hacían ya a cara descubierta.

Un dìa le escuche a Eduardo Galeano en La Habana, en Casa de las Amèricas, recordar esa paradoja que parecía de literatura, del realismo màgico, que era ver a ese periodista chileno que dedicaba su vida a promover y anunciar la libertad pero cuya casa; donde dormìa todas las noches era una càrcel, pero que no por ello perdìa su optimismo en el pòrvenir.

 

Se consigna también el papel de los norteamericanos en dividir la oposición y ponerla al servicio del modelo neoliberal en la perspectiva exitosa del pinochetismo sin Pinochet.

 

Hay un relato sobre algo que dijo Barbarroja Piñeiro, ese gran amigo de nuestro país  “de todas partes nos piden armas de Chile sólo  mimeógrafos”, es obvio que mimeógrafo suplanta a otra palabra. La traición se acuna por la cobardía.

 

La segunda parte refleja el enojo, la decepción, la bronca que compartimos muchos ante el actual estado de cosas. La corrupción total de la casta política que ha llegado a enredarse hasta con narcotraficantes como el mexicano “señor de los cielos” (Carrillo) que vivió cómodamente en Chile protegido por autoridades gubernamentales. Los amparadores quedan consignados con nombre y apellido. Un relato que está en expedientes judiciales chilenos.

 

Ahora el relato se hace pormenorizado, valiente, sin concesiones de ninguna especie. El papel directo de Aylwin y Enrique Correa en aplastar a prensa independiente, la que había hecho posible que ellos estuvieran apoltronados en el palacio de La Moneda. Como se operó con Belisario Velasco, con las peores artes, para liquidar la revista Análisis.  

 

Hay una descripción magistral del grosero y prepotente  ministro Carlos Figueroa y como la homofobia sacó de los circuitos políticos a Enrique Correa.

 

Es un libro imprescindible para entender el Chile de hoy. El silencio de la gran prensa del establhisment  ratifica el valor literario e histórico del texto.

 

Hay que leer este libro.

 

ROBERTO AVILA TOLEDO 

PIDEN PROCESAR A A GENERAL ® MARIO LOPEZ TOBAR JEFE DE LA ESCUADRILLA QUE BOMBARDEO LA MONEDA

En un escrito presentado ante el Ministro Miguel Vásquez Plaza los abogados querellante Roberto Ávila Toledo y Rubén Jerez Atenas pidieron el procesamiento del general ® Mario López Tobar como autor del delito de homicidio frustrado del presidente Salvador Allende.

Los fundamentos de la solicitud, según señalaron los recurrentes, son entre otros, un libro escrito y publicado por López Tobar, una entrevista para la televisión alemana contendida en el documental “Más fuerte que el fuego” y sus propias declaraciones en el proceso en las que reconoce y da detalles respecto a su calidad de jefe de la escuadrilla de Hawker Hunter que el 11 de septiembre dispararon 22 cohetes antiblindajes Sura.

Pocos días antes del 11 de septiembre el Grupo 7 de la FACH instalado en la base aérea de El Bosque fue sacado de allí y desplegado en el aeropuerto Civil de Carriel Sur. El cambio dispuesto por la jefatura de la aviación se debió a que  el comandante de El Bosque no compartía los planes golpistas. Este oficial debió salir al exilio al mediodía del día 11.

Por ello los Hawker Hunter que bombardearon La Moneda despegaron desde Concepción, luego del ataque llegaron otros cuatro desde Antofagasta pero ya la misión estaba cumplida: el palacio presidencial destruido y el presidente muerto, por lo que no actuaron.

Respecto a una eventual  acogida de la solicitud de procesamiento el abogado Ávila señaló: “del ministro instructor don Miguel Vásquez Plaza esperamos poco, el parece entender que este hecho no es susceptible de sanción penal, por ello en su momento dejo sin efecto diligencias por el mismo decretadas y cerro el sumario. Sin embargo, esperamos que la Corte de Apelaciones que ordenó reabrir el proceso hace unos días haga una revisión acuciosa del proceso”.

En cuanto a la resolución del Consejo de Transparencia que hace unos días ordenó a la FACH entregar los nombres de los pilotos agregó; “esta gestión es poco relevante al proceso pues los nombres de los pilotos están claramente establecidos y acreditados en la causa. Sirve en todo caso para verificar la reticencia de la FACH para aclarar estos hechos, y la complaciente pasividad del Ministerio de Defensa, ante esta versión increíble que no tiene la información. En todo caso la FACH debería saberlo pues en toda su vida institucional sólo han tenido dos acciones, ambas contra chilenos, el bombardeo de la escuadra en Coquimbo en 1931 y estos desmanes homicidas del 73.Lo reitero , no se necesita el informe de la FACH para procesar y condenar a los autores, Todo lo que dilate el procedimiento judicial contribuye a la impunidad, pues la estrategia de las defensas es que la ley de la vida haga su trabajo y esto quede como simple hecho histórico, sin responsables”.

Los cohetes Sura arrojados a La Moneda tenían un precio de mercado de 300 mil dólares y significaron un alto costo al país y cuya reposición debió generar procedimientos administrativos que dejan registros documentales, pero de ellos la FACH dice nada saber.

Ávila anunció “en los próximos días abriremos proceso por el bombardeo a la residencia presidencial de Tomás Moro que tenía los mismos propósitos homicidas”.

Por último, concluyó “es muy significativa la pasividad procesal del actual gobierno  ante un ataque delictual al corazón de nuestro Estado democrático como lo fue este bombardeo. Deberían tener un papel protagónico en el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones. Queda claro que a la hora de defender el honor, la dignidad y la legalidad de nuestra patria los ciudadanos debemos batirnos solos”.

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO ORDENA REABRIR INVESTIGACIÓN POR BOMBARDEO A LA MONEDA

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogiendo una apelación interpuesta por los querellantes Roberto Avila Toledo y Rubén Jerez Atenas decretó reabrir el sumario en que se investiga el bombardeo e incendio del palacio presidencial de La Moneda. Hecho que de acuerdo a los recurrentes es claramente un intento de homicidio  del presidente Salvador Allende y sus colaboradores.

El ministro instructor de la causa Miguel Vásquez Plaza cerró sorpresivamente la investigación de este hecho a fines de 2014 por entender que no habría delito susceptible de ser sancionado. En la ocasión dejó sin efecto diligencias de investigación ya decretadas.

Los abogados  querellantes Roberto Ávila Toledo y Rubén Jerez solicitaron hace un par de semanas  la reapertura de la investigación y solicitaron diligencias relevantes al esclarecimiento de los hechos, el ministro Vásquez Plaza negó ambas solicitudes.

Ante este hecho interpusieron recursos de apelación que fue visto y acogido el día de ayer en que alegó por los recurrentes el abogado Ávila.

El letrado señaló que existía ya sobreabundancia de pruebas, que hacían difícil entender el actual archivo y sobreseimiento. En el caso del jefe de la escuadrilla Mario López Tobar existían su prpopia declaración judicial reconociendo su calidad de jefe de escuadrilla, la publicación de un libro de su autoría en que da detalles del bombardeo y explicita su condición de jefe y además se ha acompañado al proceso el documental de la televisión alemana “Más fuerte que el fuego” en que este relata los hechos al igual que otros pilotos. López Tobar aparece haciendo declaraciones en su oficina, en la que tiene a sus espaldas una enorme fotografía de La Moneda incendiándose. 

En cuanto al general (r) Fernando Rojas Vender este en entrevista concedida a la periodista Mónica Gonzalez dió detalles en ser el segundo al mando de la escuadrilla, lo cual fue publicado en el diario argentino Clarín y nunca desmentido.

Por último expresó que existía la posibilidad de acceder a nuevos medios de prueba.

Agregó que el intento de homicidio era evidente, al punto que el palacio presidencial quedó destruido totalmente. El presidente Allende fue puesto en la disyuntiva de renunciar o ser asesinado, ante su negativa se buscó matarlo, al igual que cuando un delincuente al amparo de la noche interpela su víctima “la bolsa o la vida”. No pudo tratarse de un acto de intimidación, fue simplemente una voluntad de matar al presidente de la república.

Ávila concluyó su intervención señalando que si este evidente intento de asesinar al presidente Salvador Allende y a sus colaboradores mediante 22 cohetes antiblindaje del tipo Sura no fuera en definitiva investigado y sancionado como delito sería un día muy triste para Chile como un estado que aprecie su honor y dignidad.

La Corte santiaguina acogió los argumentos y ordenó reabrir el sumario y ordeno las diligencias solicitadas.

Ya en los pasillos de la Corte Avila puntualizó que "esperamos que el gobierno se haga parte en este proceso, resulta difícil de entender que los ciudadanos tengamos que actuar solos en un hecho que atentó en contra del corazón mismo del Estado de Chile."

A PESAR DE LA CASTA POLITICA SE PUEDE ANULAR LA LEY DE PESCA

A PESAR DE LA CASTA POLITICA SE PUEDE ANULAR LA LEY DE PESCA

La casta política en todas sus expresiones que van desde la UDI al partido socialista incluyendo el gobierno defiende la Ley de Pesca promulgada por el dúo Piñera/Longueira. 

Su argumento preferido es que jurídicamente no se puede anular una ley. Este argumento es falso y se emite a sabiendas o quizás - les concedo el beneficio a los menos – bajo la obnubilación de juicio de una ignorancia injustificada para quienes han hecho de la política una profesión.

Hernán Larraín de la UDI, Josè Auth, los “socialistas” Aleuy e Isabel Allende, Pepe Auth (PPD), el presidente de la DC Jorge Pizarro y el gobierno por la voz del Ministro de Economía hacen frente común para defender una Ley que bajo sobornos de parlamentarios consiguió entregar riquezas marinas por el valor de 10.000 millones de dólares a privados. En un hecho tan monumental como este la presidenta no dice nada, para ella debe bastar con leer la prensa.

Que siendo un país que tenemos 5.000 kilómetros de costa los chilenos tengamos que pagar precios exorbitantes por los productos del mar a ellos le da los mismos

Esta es la casta política

La Ley de pesca se regaló el mar de todos los chilenos a cinco familias. Para ello Piñera sacó al Ministro de Economía Luis Larraìn, que era partidario de Licitar el mar pero que los privados pagaran al estado por la franquicia, y se puso a Pablo Longueira, Este luego de aprobada la ley abandonó la política y no se le conoce trabajo o actividad conocida.

Por las siguientes razones se puede anular toda ley emanada con vicios de validez y especialmente cuando se trata de hechos delictuales:

1.- Todo acto jurídico debe cumplir requisitos de validez que son la capacidad, la voluntad exenta de vicios, la causa lícita y el objeto licito. Esta ley tiene objeto ilícito pues dispone sobre una cosa como el mar que es propiedad de todos los hombres y está fuera del comercio humano. Hay causa ilícita pues lo que motiva su aprobación no es el leal saber y entender de los parlamentarios sino el enriquecimiento ilícito de los sobornados y sus sobornadores.

2.- Todo acto jurídico es susceptible de ser revisado y anulado si el ilegal. El Código Civil que es supletorio y vigente establece la sanción de nulidad para los actos faltos de requisitos de validez. Esa normativa es aplicable al derecho público en lo no normado. Nada no nadie está por sobre la Ley.

3.- Los artículos 6 y 7 establecen la nulidad para los actos de toda autoridad que actúe fuera de sus competencias de manera ilegal o sin los procedimientos establecidos.

4.- Es inaceptable sostener que un acto tan significativo como dictar una ley no tiene posibilidad de ser revisado. Sería aceptar que si un grupo armado (Tejero lo hizo en España) secuestra al Congreso y lo hace dictar una nueva constitución esta tendría valor legal.

5.- Hay innumerables precedentes de anulación de leyes. Los propios gobiernos concertacionistas llevaron al Congreso la propuesta de anular la Ley de Amnistía. En Argentina y otros lugares se han anulado leyes ilegítimas.

6.- No defienden la legalidad cuando se oponen a anular. Aceptarían derogar la Ley de Pesca pues saben que por este último camino habría que pagar miles de millones de dólares, por lo cual es un camino impracticable. Es lo que la senadora Isabel Allende llama "perfeccionar". La mentira compañera inseparable de la corrupción-

La casta política está defendiendo un robo monumental al patrimonio nacional, esto no puede continuar

ROBERTO AVILA TOLEDO
Abogado

PROCESAN A OFICIAL JEFE DE LA INTELIGENCIA DE VALDIVIA POR TORTURAS

El Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia Juan Correa Rosado dictó un nuevo procesamiento por torturas en contra del Teniente Coronel ® del ejército Patricio Kellet Oyarzùn. 

Esta vez la imputación es por aplicar tormentos y tratos crueles y degradantes al entonces dirigente da la Juventud Socialista Rogers Delgado Sáez.

En esa Corte se tramita un voluminoso proceso que busca aplicar sanciones a los que aplicaron torturas, secuestraron , y sometieron a un proceso ilegal llamado “Consejo de Guerra” a las autoridades constitucionales al 11 de Septiembre de 1973 entre las que se contaban el Intendente Sandor Arancibia y el Alcalde Luis Díaz.

El abogado querellante Roberto Ávila Toledo, señaló que la resolución que procesó al ex jefe militar se muestra coherente con el mérito del proceso. Valoró también que no se haya concedido de manera automática libertad provisional al militar en retiro quien se encuentra privado de libertad en la Penitenciarìa de Santiago.

Por último agregó que estaban muy preocupados que se hubieran declarado prescripciones en favor de los civiles que publica y notoriamente indujeron, e instigaron las detenciones y torturas mediante  el fantasioso Plan Z y que carabineros que falsificaron partes policiales con esos mismos infundios, sean considerados por el juez de la causa  valdiviano como simples injurias. Anunció que apelarán a la Corte Sureña para que esto se corrija y de ser necesario a la Corte Suprema e instancias internacionales de Derechos Humanos.

ORDENAN DETENER A ENCUBRIDOR DE DETENCIÒN Y DESAPARICION FORZADA

El Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Talca para Derechos Humanos,  Hernán  González García, despachó una orden de detención y sometió a proceso a Erwin Jiménez Andía Pereira como autor del delito de falso testimonio.

 

 

En Septiembre de 1973 el agricultor de la localidad de Catillo, cercanías de Talca,  Ruperto Oriol Torres Aravena fue detenido por carabineros del Retén del mismo nombre, al cual se había presentado voluntariamente. De allí se pierde todo rastro sobre su persona. Había estado detenido días antes por efectivos militares.

 

Se instruyó un proceso y se condenaron carabineros, pero sus restos nunca aparecieron, quedando en calidad de detenido-desaparecido.

 

De acuerdo a fichas encontradas en Colonia Dignidad, habría sido asesinado de un balazo en la nuca junto a otros presos por razones políticas y enterrado en el Retén de Catillo al igual que otras personas.

 

En 2010 se registró información de la aparición de restos que podrían ser los suyos en el referido Retén de Catillo en el marco de la construcción de un nuevo retén de Carabineros.

 

El procesado Andía Pereira, encargado de las obras,   ocultó los restos y negó terminantemente su aparición a pesar de las innumerables pruebas en contrario.

 

La detención de Andía Pereira es relevante, pues todo indica que su encubrimiento debió responder a instrucciones de alguien. La situación sería muy grave pues ocurrió en un recinto policial de una institución que se supone actúa en los marcos de un estado de derecho.

 

En la causa son querellantes los abogados Loreto Meza, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,  y Roberto Ávila Toledo por los familiares. Este último señaló su satisfacción por la resolución y su esperanza en que los hechos se aclaren y los restos de la persona desaparecida aparezcan trayendo tranquilidad a la familia luego de más de 40 años de sufrimiento. Es importante también – agregó- que se aclare por cuenta de quien Andía Pereira encubrió los hechos, no se necesita ser muy suspicaz para darse cuenta hacia donde apuntan las sospechas.